Durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, hizo públicos casos controversiales relacionados con decisiones judiciales en México.

Rodríguez Bucio destacó la actuación de jueces del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, específicamente José Manuel Torres Angel, Michele Franco González y Juan Carlos Ramírez Benitez, quienes otorgaron una suspensión provisional al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Esta medida judicial impide que Duarte sea detenido, incluso en el caso de contar con órdenes de aprehensión en su contra por delitos graves como desaparición forzada, un proceso aún pendiente.

Javier Duarte, exmandatario estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México, donde posteriormente fue sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, el subsecretario señaló que estas suspensiones judiciales le protegen contra cualquier medida que pudiera llevar a su detención, incluso ante un juez de control.

El funcionario también mencionó el caso de Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza que otorgó un amparo a un presunto secuestrador identificado como Edgar Omar ‘N’, miembro de la banda delictiva ‘Los Chiquitines’. Este amparo, según Rodríguez Bucio, generó preocupación debido a su impacto en la seguridad pública y la justicia en México.

Javier Duarte, conocido por casos de corrupción y desvío de recursos durante su mandato como gobernador de Veracruz (2010-2016), ha sido un símbolo de la lucha anticorrupción en el país. Su proceso judicial y las decisiones recientes de algunos jueces han reavivado el debate sobre la independencia judicial y la efectividad del sistema legal mexicano.

La polémica suscitada durante la conferencia de prensa subraya la tensión existente entre la administración actual y el sistema judicial, así como la persistente preocupación pública por la impunidad en casos de alto perfil.

Con información de Infobae.